domingo, 1 de febrero de 2015

Comunicado plantón por la dignidad de los prisioneros y prisioneras de la cárcel La Blanca y Villa Josefina de Manizales

Colombia atraviesa un conflicto de carácter Social y Político,  por más de 200 años, diferentes instituciones del Estado  han utilizado mecanismos de disuasión  a  individuos  que consideran problemáticos o que han cometido conductas que consideran reprochables  para el conjunto de la sociedad y la seguridad del Estado.

A partir de los años 40 y 60 este conflicto social y político toma unas expresiones armadas que perduran en la actualidad. La característica del conflicto colombiano es que este ha tenido un fuerte arraigo rural o agrario ya que es allí donde las grandes brechas de desigualdad social, sumada a la usurpación de tierras por parte de hacendados, terratenientes, a campesinos de diferentes regiones del territorio han conllevado acciones antagónicas.

Producto de la prolongación y agudización del conflicto social, las pocas oportunidades de empleo digno, educación gratuita y de calidad, la precariedad en el sistema de  salud, las pocas oportunidades recreación, todo esto sumado a la constante exclusión política de sectores sociales, este conflicto toma expresiones armadas; es así como la violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes estatales o para - estatales en fiel cumplimiento de la “doctrina de seguridad nacional” impuesta por Washington y el pentágono; toda expresión organizativa del pueblo que cuestione el modelo económico y político es considerado como problemático para el mantenimiento del orden y seguridad del Estado, así lo expresa en su política criminal.

Individuos, colectivos de individuos, eran torturados, procesados y juzgados por los tribunales militares,   en fiel cumplimiento de la ley que  imponen las elites y gremios económicos, aplicando al conjunto del pueblo  penas como;  restricciones de derechos, torturas, privación de la libertad, montajes judiciales, eliminación física del opositor, esta práctica ha sido una  constante en Colombia.

Diferentes generaciones de colombianos podemos comprobar a través de medios, escritos, radiales, televisivos, archivos e investigaciones de carácter científico,  donde el adversario político ya sea líder social, barrial, sindical, estudiantil, afro, indígena, campesino o activista por los derechos humanos en el transcurso de la historia, son encarcelados o eliminados físicamente.

La particularidad del conflicto social, político y armado se han logrado trasladar a las cárceles del país y esta realidad la podemos ver a partir de  cuatro  categorías, la primera son los prisioneros sociales, entendiendo estos como los detenidos que purgan penas intramuros por delitos tipificados como Hurto, asesinato, violación, estafa, etc.

Segundo prisioneros y prisioneras de guerra corresponde a los y las prisioneras políticas de guerra, quienes han sido privados de la libertad por pertenecer a grupos armados con la finalidad de tomarse el poder.

El tercero, correspondiente a las y los prisioneros políticos de conciencia; quienes han sido privados de la libertad como forma de persecución política por haber ejercido su derecho a la oposición o expresar su pensamiento disidente al régimen vigente.

La cuarta, correspondiente a las y los prisioneros victimas de montajes judiciales, quienes han sido privados de la libertad luego de ser condenados por testimonios de  falsos testigos, vicios en el procedimiento judicial o  estigmatizados como auxiliadores de la insurgencia por el hecho de vivir en zonas de alta influencia del conflicto armado” (Fundacion Lazos de Dignidad, 2011).

El trabajo solidario con dicha población debe ir encaminada a mejorar sus condiciones de vida, ayudar a su situación jurídica y poder contribuir colectivamente  como   veedores de su situación actual, para poder tomar medidas legales, constitucionales y lo más importante visibilizar la problemática que a diario viven los prisioneros de ambas cárceles en la Ciudad de Manizales.

La gran necesidad de miles de compatriotas de defender sus derechos fundamentales  estipulados por el Estado Burgués,   ya que estos les son violados en los centros penitenciarios, el derecho a la vida está constantemente amenazado y las instituciones reguladoras como la personería, la defensoría del pueblo con su silencio, actúa como legitimadora de la forma de violencia Estatal.

Extendemos nuestro saludo a las organizaciones sociales, a los familiares de los internos a que sumemos esfuerzos y podamos  denunciar y visibilizar la profunda problemática que vive a diario la población carcelaria de la ciudad de Manizales, si bien muchos de ellos han cometido errores, no se puede justificar el trato cruel e inhumano con dicha población, al interior de la cárcel EPMS de mediana seguridadse utilizan mecanismos de control como las celdas de aislamiento o de castigo definidas como  Unidades de Tratamiento Especial (UTE)indiscriminadamente sin veeduría de ningún órgano,23 horas de encierro y 1 Hora de sol el aislamiento prolongado, la distancia familiar y social, la escasa comunicación debido a las extremadas condiciones de encierro aplicadas por elINPEC pero lo más curioso es que argumentan que esta práctica se utiliza en aras  de proteger la salud o la seguridad de la persona privada de libertad.

Supuestamente la población carcelaria se encuentra aislada del conjunto de la sociedad por presentar fuertes problemas de integración o evitar que atenten contra la integridad de otros ciudadanos, pero al interior de estas cárceles el Estado viola constantemente el derecho fundamental consagrado en la constitución política de Colombia como lo es el derecho a la vida.

El hacinamiento constante,  la cárcel de Barones está diseñada aproximadamente para 780 internos y existen alrededor de 1300, el sistema de alcantarillado de ambas cárceles es obsoleto, la   intimidación, el control, la ineficiente atención en salud internos se han cosido la boca, cortado las venas, suicidado entre otras prácticas por no ser atendidos o autorizado tratamientos médicos o cirugías de gran importancia.

Internos con profundos problemas psiquiátricos purgan altas penas intramuros sin recibir de forma digna y adecuada un tratamiento psiquiátrico, estos se han convertido en un grave problema para otros internos que comparten celda, la violación del derecho al trabajo, la educación, la recreación y la no obtención de los internos de subrogados penales.En la cárcel de mujeres el hacinamiento es latente, esta penitenciaria de mediana seguridad está diseñada para 120 internas y en la actualidad hay aproximadamente 240.

Por todo esto,  diferentes internos, familiares, amigos y organizaciones sociales, sindicales, y defensoras de derechos humanos,  vemos en el Movimiento Nacional Carcelario un espacio de coordinación de seres queridos, familiares amigos, personas y organizaciones solidarias con la difícil situación, el 30 de enero del 2015 en el plantón frente al palacio de justicia Fanny González Franco expresamos lo siguiente:

1. Declaratoria de la emergencia social y humanitaria del sector penitenciario en Colombia.

2. Mejoramiento de las condiciones infrahumanas como el hacinamiento, la atención a la salud, tratamiento especializado a los internos con fuertes problemas mentales, aplicación de los subrogados penales, regionalización de los presos, acercamiento procesal y familiar, dieta balanceada e higiénica, ambientes sanos.

3. No a la extradición de nacionales y la consiguiente repatriación en cárceles extranjeras.

4. No más falsos positivos judiciales, la fiscalía se ha vuelto experta en presentar falsos testigos, algunos de estos buscan beneficios judiciales.

5. Jueces ejecutores de penas de la ciudad no atienden subrogados penales, algunos procesos de internos merecedores de subrogados se han demorado para otorgarse injustificadamente.

6. Los Prisioneros Políticos, de Conciencia y de Guerra, no son reconocidos como tal por los jueces, fiscales y directivas del INPEC, están indiscriminadamente detenidos con los presos comunes.

7. La cárcel de varones de Manizales EPMS de mediana seguridad tiene capacidad para 780 internos; en la actualidad hay alrededor de 1300 y la de mujeres de Villa Josefina está diseñada para 120 internas y en la actualidad hay aproximadamente 240.

8. La ley penal colombiana dice que la privación de la libertad del ciudadano es la excepción y en Manizales la han convertido en una norma. Hay más de 400 personas sindicadas o indiciadas en las cárceles por meses y años sin resolverles su situación jurídica.

9. No existe proceso de resocialización en las cárceles.

Por la defensa de los derechos humanos de nuestros familiares detenidos en la Cárcel la “Blanca y Villa Josefina de Manizales, contra los los atropellos del INPEC

Manizales 30 enero 2015

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